Seis países de América Latina y Europa, entre ellos Chile, emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su "profunda preocupación y rechazo" ante la acción militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.
En el comunicado, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España sostienen que las operaciones militares "contravienen principios fundamentales del derecho internacional", en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
A juicio de los gobiernos firmantes, este tipo de acciones no solo afecta directamente a Venezuela, sino que también constituye "un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional", además de poner en riesgo a la población civil.
Los países recalcaron que la crisis venezolana debe resolverse "exclusivamente por vías pacíficas", a través del diálogo y la negociación política, sin injerencias externas. En esa línea, sostuvieron que solo "un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos", puede conducir a una solución democrática y sostenible, respetuosa de la dignidad humana y de la voluntad popular.
Asimismo, los gobiernos reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como "zona de paz", principio acordado en instancias regionales, y llamaron a la unidad regional más allá de las diferencias políticas, señalando que mantener esa cohesión resulta clave "frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional" o escale las tensiones en el continente.
En el plano multilateral, la declaración exhortó al Secretario General de la ONU y a los Estados miembros de los mecanismos internacionales pertinentes a hacer uso de sus "buenos oficios" para contribuir a la desescalada del conflicto y a la preservación de la paz regional. Los firmantes sostuvieron que los canales diplomáticos y multilaterales son la vía adecuada para enfrentar una crisis de esta magnitud.
Finalmente, el comunicado incorporó una advertencia explícita sobre el trasfondo económico del conflicto. Los seis gobiernos manifestaron su preocupación ante "cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos" de Venezuela, señalando que ello resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región.
