Tres miembros de una junta comunal del distrito de Las Palmas, en la provincia de Veraguas, quedaron en el centro de un proceso penal por presuntos delitos de corrupción, tras denuncias que llevaban años esperando respuesta.
En una audiencia reciente ante un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio, dos de los tres funcionarios fueron formalmente imputados por los presuntos delitos de peculado agravado, falsificación de documentos de uso público y otros cargos vinculados a delitos contra la administración pública.
El abogado querellante, Mario Luis Delgado, explicó que el caso será investigado por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, debido a un presunto perjuicio contra una junta comunal de un corregimiento del distrito de Las Palmas.
Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa, el juez ordenó medidas cautelares personales, que incluyen impedimento de salida del país y reporte periódico ante el Ministerio Público, mientras avanzan las investigaciones.
En cuanto al tercer denunciado, la audiencia de imputación fue aplazada, luego de que su abogado presentara una excusa médica respaldada por una incapacidad, la cual fue admitida por el juzgado.
Según fuentes ligadas al caso, los hechos denunciados se remontan a administraciones anteriores dentro de la junta comunal, lo que amplía el alcance de las diligencias. La comunidad sigue de cerca el proceso y espera que se establezcan responsabilidades claras y que el manejo de los recursos públicos no vuelva a quedar en la sombra.
El Ministerio Público y los imputados no se han pronunciado oficialmente sobre el caso hasta el momento. Sin embargo, se confirmó que el proceso continuará conforme a los plazos establecidos en el Sistema Penal Acusatorio, mientras la Fiscalía Anticorrupción sigue recabando pruebas.
Este escándalo de corrupción en la junta comunal de Las Palmas en Veraguas ha generado gran preocupación en la comunidad, que espera que se haga justicia y se esclarezcan las responsabilidades de los funcionarios implicados en el presunto manejo irregular de los recursos públicos.
