El Gobierno enfrenta una nueva controversia legal en torno a sus decisiones. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos opositores presentaron un amparo judicial para cuestionar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la estructura y funciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex-SIDE.
Los demandantes argumentan que el DNU 70/2022, firmado por el presidente Alberto Fernández, excede las facultades del Poder Ejecutivo y vulnera garantías constitucionales. Sostienen que la reorganización de la central de inteligencia debería haber sido tramitada a través del Congreso Nacional, en lugar de un decreto.
"El DNU modifica sustancialmente el marco legal de los servicios de inteligencia sin el debido debate parlamentario. Esto representa un riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos", señaló uno de los abogados a cargo de la presentación judicial.
Entre los puntos cuestionados se encuentra la ampliación de las facultades de la AFI para intervenir en investigaciones penales y la posibilidad de que sus agentes puedan actuar como informantes encubiertos. También se cuestiona la designación del director ejecutivo de la agencia a dedo por el Poder Ejecutivo, sin controles.
"Este DNU abre la puerta a un mayor abuso de poder y discrecionalidad por parte de los servicios de inteligencia. No podemos permitir que se vulneren las garantías democráticas", afirmó un referente opositor que forma parte de la demanda.
El Gobierno defendió la reforma argumentando que busca modernizar y profesionalizar a la AFI, luego de años de cuestionamientos por su politización y uso indebido durante gestiones anteriores. Sin embargo, la oposición considera que las modificaciones van en sentido contrario.
"En lugar de fortalecer los controles y la transparencia, este decreto concentra más poder en manos del Ejecutivo. Es un retroceso inaceptable en materia de derechos y división de poderes", concluyó uno de los abogados.
Ahora, el Poder Judicial deberá expedirse sobre la validez constitucional de las reformas impulsadas por el Gobierno a través del polémico DNU.
