La provincia de San Luis dará un paso histórico en su política de desarme al enviar por primera vez armas de fuego incautadas para su destrucción. Esta iniciativa se enmarca en una ley provincial aprobada en noviembre de 2025 que busca reducir la circulación de armamento en manos de la población civil.
La ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, visitó recientemente las instalaciones del Banco Nacional donde se almacenan las armas que serán destruidas. "Es un momento muy importante para nuestra provincia. Hemos trabajado arduamente para lograr esta ley de desarme y ahora vemos los primeros frutos de ese esfuerzo", declaró la funcionaria.
La ley de desarme de San Luis fue aprobada tras un intenso debate público y la presión de organizaciones sociales que exigían medidas contundentes para reducir la violencia armada. Entre sus principales disposiciones se encuentra la prohibición de la tenencia de armas de fuego por parte de civiles, con algunas excepciones para actividades como la caza y el tiro deportivo.
Además, la norma establece un programa de compra de armas a la población, en el que los ciudadanos pueden entregar sus armas a cambio de una compensación económica. Según datos oficiales, en los primeros seis meses de implementación del programa, se han recibido más de 15.000 armas.
"Estamos dando un paso fundamental para construir una sociedad más segura y pacífica. La destrucción de estas armas incautadas es solo el comienzo de un proceso más amplio que busca erradicar la violencia armada en nuestra provincia", afirmó la ministra Sosa.
Los expertos coinciden en que la medida de San Luis representa un hito en la lucha contra la proliferación de armas de fuego en Argentina. "Es una iniciativa valiente y necesaria que esperamos inspire a otras provincias y al gobierno nacional a adoptar políticas similares", señaló el sociólogo Martín Gómez, especialista en seguridad ciudadana.
La destrucción de las armas incautadas se llevará a cabo en los próximos días, en un acto público que contará con la presencia de autoridades provinciales y representantes de la sociedad civil. Este evento marcará el inicio de una nueva era en la política de desarme de San Luis, con el objetivo de reducir los índices de violencia y criminalidad relacionados con las armas de fuego.
