El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen posiciones enfrentadas por el decreto que puso fin al subsidio a los combustibles, vigente durante más de veinte años. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como una "emergencia económica", los sindicatos exigen la abrogación del decreto y la aprobación de un nuevo texto consensuado.
El pasado 17 de diciembre, el Gobierno de Rodrigo Paz dictó el decreto 5503, que fijó aumentos del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años. Esto se enmarca en una estrategia para enfrentar la escasez de dólares que afecta al país.
La medida, que también incluye incrementos en el salario mínimo y en los bonos para escolares y adultos mayores, ha generado una fuerte reacción de la COB. El principal sindicato de trabajadores de Bolivia inició una huelga indefinida el 22 de diciembre, convocando a movilizaciones en La Paz y otras ciudades.
Para los dirigentes de la COB, el Gobierno actuó "unilateralmente" y el retiro de la subvención debió ser progresivo para evitar un impacto adverso en la población. Por su parte, el Ejecutivo de Paz sostiene que la medida permitirá un ahorro de 10 millones de dólares diarios, la desaparición de las filas en las gasolineras y una reducción del 50% en la demanda interna de diésel.
Asimismo, el retiro de la subvención ha agravado las diferencias entre el presidente Paz y su vicepresidente, Edmand Lara, quien se ha posicionado abiertamente a favor de las protestas de la COB, calificando al Gobierno de "corrupto" y a los ministros de "pelotudos".
Pese a la convocatoria del Gobierno a un diálogo el próximo lunes, la COB mantiene sus movilizaciones y exige la "abrogación" del decreto antes de asistir a las negociaciones. La tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos continúa en un escenario de creciente conflictividad social en Bolivia.
