La Corte Suprema de Justicia ha cerrado el camino legal para intentar sacar al partido Fuerza Popular del escenario político peruano. La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró infundada la demanda presentada por la suspendida exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien buscaba declarar la ilegalidad del partido liderado por Keiko Fujimori.
Según el fallo judicial, no existen pruebas de una conducta antidemocrática atribuible a la dirigencia de Fuerza Popular. De esta manera, se mantiene la vigencia del partido político, a pesar de los diversos cuestionamientos y acusaciones que han recaído sobre su liderazgo en los últimos años.
La decisión de la Corte Suprema representa un duro golpe para los sectores que buscaban sacar a Fuerza Popular del panorama político peruano. Tras años de disputas legales y acusaciones cruzadas, el máximo tribunal del país ha cerrado esta vía, al menos por ahora, dejando a Fuerza Popular como un actor relevante en la escena política nacional.
Este fallo se produce en un contexto de creciente polarización y tensión política en el Perú, donde Fuerza Popular y sus adversarios han protagonizado un intenso enfrentamiento por el control del poder. La decisión de la Corte Suprema, si bien puede ser interpretada como una victoria para Fuerza Popular, también evidencia la complejidad y la fragilidad del sistema político peruano.
Más allá de las implicaciones inmediatas, este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y de garantizar un juego político limpio y transparente, donde todas las fuerzas políticas puedan participar en igualdad de condiciones. Solo así se podrá avanzar hacia una democracia más sólida y representativa en el Perú.
