El Gobierno nacional publicó este viernes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la ley de inteligencia, reestructurando la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y otorgándole la capacidad de aprehender personas. Esta medida ha generado una fuerte polémica y críticas de la oposición, que la califica como un intento de "espionaje político" y la creación de una "policía secreta".
La principal modificación es que el organismo de inteligencia ahora podrá "proceder a la aprehensión de personas" en el marco de sus actividades, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes. Además, se redefinieron las actividades incluidas dentro de la contrainteligencia, ampliando el espectro a "evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos".
La oposición ha criticado duramente esta medida, calificándola como un intento de crear una "policía secreta" y un "claro retroceso democrático". El exdiputado kirchnerista Leopoldo Moreau afirmó que "significa la creación de una policía secreta" y "clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar". Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica ARI, cuestionó por qué no se discutió este tema en el Congreso "con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales".
Frente a estas críticas, el Gobierno argumentó que "todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional". Además, se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) para "proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales".
La oposición ha anunciado que el próximo capítulo de la disputa será legislativo, y que buscarán impugnar el DNU para evitar su vigencia. Sin embargo, será una tarea complicada, ya que para ello deberían lograr el rechazo en ambas Cámaras del Congreso.
