La economía argentina entra en una nueva etapa en materia cambiaria a partir de este 1 de enero. Por un lado, se liberaron más de US$20.000 millones que habían sido inmovilizados en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) tras el blanqueo de capitales de 2024. Por otro, durante este año se abrirá una ventana para que las empresas puedan girar utilidades correspondientes a los balances cerrados en 2025.
Estas dos medidas, que buscan ampliar la disponibilidad de dólares en la economía, son seguidas de cerca por el equipo económico por su potencial impacto sobre el mercado cambiario y las reservas del Banco Central.
En el caso de los fondos del blanqueo, hasta ahora debían permanecer depositados o invertidos en destinos específicos para evitar el pago de alícuotas adicionales. A partir de hoy, esos más de US$20.600 millones quedan bajo libre disponibilidad de los contribuyentes.
La principal incógnita es qué harán los dueños de ese capital. Predomina la visión de que la mayor parte no se retirará del sistema financiero. "Muchos ganaron alrededor de un 20% en bonos y acciones. Se espera movimiento, pero con continuidad: una parte seguirá en instrumentos financieros y otra irá a inmuebles y campos", señaló el economista Fernando Marull.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, coincidió en que el contexto no incentiva una salida masiva de dólares en efectivo. "Lo más relevante es que no están dadas las condiciones para que la gente, en su mayoría, retire los dólares y los guarde en una caja de seguridad. De alguna forma van a quedar en el sistema, ya sea en inversiones financieras, inmuebles o aportes a empresas", explicó.
En ese sentido, los especialistas destacan el posible impacto de la reforma tributaria en discusión. La eventual exención del impuesto cedular a la venta de inmuebles y de Ganancias sobre los alquileres con destino a vivienda podría redireccionar parte de esos fondos hacia el mercado inmobiliario. También aparecen como alternativas la compra de campos, ante expectativas de cambios en retenciones, y la inversión en empresas mediante el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) que impulsaría la reforma laboral.
Paralelamente, desde este año se levantará una de las restricciones cambiarias más relevantes que seguían vigentes para el sector corporativo: las empresas pueden girar dividendos al exterior correspondientes a utilidades generadas a partir de ejercicios iniciados en 2025, siempre que cuenten con balances auditados. El Banco Central aclaró que los giros se realizarían, en la práctica, a partir de mediados de año, cuando las compañías cierren balances, y remarcó que el proceso será monitoreado por su efecto sobre las reservas.
El Gobierno apuesta a que la mayor libertad cambiaria no derive en una salida abrupta de dólares. La sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, que facilita el uso de divisas no declaradas para operaciones de menor monto, forma parte de esa estrategia para compensar flujos. El desafío, a partir de ahora, será que esa confianza se traduzca en inversiones y no en tensión cambiaria.
