El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe han protagonizado un nuevo enfrentamiento público, esta vez en torno al salario mínimo y el modelo económico del país.
Las tensiones entre estos dos líderes políticos de espectros ideológicos opuestos se reavivaron luego de que Petro anunciara su intención de aumentar el salario mínimo en un 20% para 2023. Uribe, reconocido líder del Centro Democrático, partido de oposición, criticó duramente esta medida, argumentando que afectaría la competitividad y la generación de empleo.
"Un aumento tan desproporcionado del salario mínimo va a generar más desempleo, menos oportunidades para los jóvenes y menos inversión", señaló Uribe en sus redes sociales. El exmandatario hizo además comparaciones con las políticas económicas de gobiernos de izquierda en la región, como los de Venezuela y Argentina, advirtiendo sobre los peligros de "caer en el populismo".
Por su parte, Petro defendió la medida argumentando que es necesaria para reducir la brecha de desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. "El salario mínimo debe ser un ingreso digno, no una limosna", afirmó el presidente, quien también criticó el modelo económico impulsado por Uribe durante sus dos períodos de gobierno (2002-2010).
"El modelo económico que nos dejó Uribe nos ha hundido en la pobreza y la desigualdad. Es hora de cambiar y apostar por un desarrollo más justo e incluyente", señaló Petro, quien ha propuesto una transición hacia una "economía del cuidado" que priorice el bienestar social por sobre los intereses del gran capital.
La disputa entre Petro y Uribe refleja las profundas diferencias ideológicas que marcan el panorama político colombiano en la actualidad. Mientras el presidente busca impulsar una agenda progresista, el expresidente y su partido se erigen como la principal fuerza de oposición, advirtiendo sobre los peligros del "socialismo" y defendiendo un modelo económico más conservador.
Esta confrontación, que se ha extendido a lo largo de los últimos años, parece lejos de resolverse, y augura una continuidad de los debates y tensiones en torno a la dirección económica y social que debe tomar el país en los próximos años.
