Durante el año 2025, Panamá vivió un intenso conflicto social y laboral, con movilizaciones, huelgas y protestas lideradas por sindicatos, gremios y organizaciones sociales en rechazo a las políticas económicas y acuerdos internacionales del gobierno del presidente José Raúl Mulino.
El epicentro de las protestas fue la reforma a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), que según los líderes gremiales, reduce las pensiones y abre la puerta a la privatización del sistema. Además, cuestionaron acuerdos de seguridad y soberanía con Estados Unidos, como un memorando que avala la presencia de tropas y el establecimiento de bases militares.
Las jornadas de protesta, que incluyeron huelgas de 24 horas, piquetes y marchas, involucraron a sindicalistas, docentes, trabajadores de la salud, estudiantes y pueblos originarios, quienes exigieron la derogación de la reforma de la CSS, la defensa de derechos laborales y el rechazo a acuerdos considerados perjudiciales para la soberanía nacional.
La respuesta del Gobierno fue de represión a las protestas, defendiendo la legalidad de la reforma de la CSS y calificando algunas acciones de huelga como contrarias al Código de Trabajo. Además, se denunciaron ataques a la libertad sindical y a la libertad de asociación, con detenciones de líderes, procesos judiciales contra activistas y represalias de empleadores.
Organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifestaron su preocupación por posibles violaciones al derecho de huelga y exigieron al Gobierno panameño un respeto efectivo a los derechos laborales y de protesta.
El movimiento social y sindical de 2025 ha sido descrito por analistas como uno de los más significativos en las últimas décadas en Panamá, con movilizaciones sostenidas que evidencian profundas tensiones entre demandas sociales y políticas de gobierno, y un escenario de diálogo conflictivo entre las organizaciones y el Ejecutivo.
En medio de este contexto, las agrupaciones defendieron al final de 2025 el salario mínimo promedio ante maniobras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y se constituyó oficialmente el partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), representante de las fuerzas de izquierda, con la economista Maribel Gordón como su nueva presidenta.
Tanto Méndez como Gordón han hecho llamados a defender la democracia desde las urnas, sin desatender las luchas reivindicatorias en las calles. Además, han adversado el interés del Ejecutivo por retomar la reapertura de la mina de cobre de Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la trasnacional canadiense First Quantum.
