Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad, con un alarmante aumento de homicidios vinculados al narcotráfico. El presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en nueve provincias del país, en un intento por frenar la violencia.
Según datos oficiales, entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 8.300 asesinatos en Ecuador, superando el récord de 2023 cuando la tasa de homicidios alcanzó 47 por cada 100.000 habitantes. El Observatorio del Crimen Organizado estima que para fin de año la tasa llegará a 52 muertes violentas por cada 100.000 personas, convirtiéndolo en el país más violento de América Latina.
El estado de excepción se aplicará por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo, la andina Pichincha y la amazónica Sucumbíos. También abarca a las localidades de La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en Bolívar.
Según el decreto presidencial, solo en el último mes y medio hubo más de 1.200 homicidios en estas nueve provincias, concentrados principalmente en Guayas. La medida permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos y operativos contra los grupos armados vinculados al narcotráfico.
Ecuador se ha convertido en un importante centro de tráfico de drogas, debido a su ubicación estratégica como puerta de salida de cocaína colombiana y peruana hacia Europa y Estados Unidos. La violencia entre bandas rivales por el control de rutas y mercados ha generado una espiral de homicidios sin precedentes en el país.
El gobierno de Noboa enfrenta el desafío de recuperar el control de la situación y frenar el avance del crimen organizado, que amenaza con desestabilizar aún más al país andino. Expertos advierten que se requieren medidas integrales, que combinen el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad con programas sociales y de prevención del delito, para lograr resultados duraderos.
