El Gobierno peruano publicó de manera sorpresiva el Decreto de Urgencia N 010-2025, que establece un paquete de medidas extraordinarias para reestructurar patrimonialmente a Petroperú S.A., la empresa petrolera estatal.
La norma, firmada por el presidente José Enrique Jerí Oré, el primer ministro Ernesto Julio Álvarez Miranda, la ministra de Economía y Finanzas Denisse Azucena Miralles Miralles y el ministro de Energía y Minas Luis Enrique Bravo de la Cruz, autoriza la segmentación de los activos de Petroperú en "bloques patrimoniales" que podrán ser transferidos o gestionados bajo modalidades privadas, incluyendo asociaciones público-privadas (APP).
Según el decreto, la petrolera estatal enfrenta una grave crisis financiera, con pérdidas operativas persistentes que han erosionado significativamente su patrimonio y la mantienen en una situación de "insolvencia técnica de corto plazo". Al cierre de octubre de 2025, Petroperú arrastraba pérdidas netas por S/1.611 millones y deudas con proveedores por S/2.569 millones, mientras que entre 2022 y 2024 recibió S/17.888 millones en apoyo estatal.
El principal foco de pérdidas señalado en el decreto es la Nueva Refinería Talara, cuya construcción tuvo un costo global de US$6.000 millones. Esta unidad productiva, junto a otras como la Refinería Conchán, podrán ser transferidas o administradas por operadores privados bajo diversos esquemas.
La agencia ProInversión, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, queda a cargo del diseño y conducción integral del proceso de reestructuración patrimonial de Petroperú, con potestad para definir las modalidades de promoción, seleccionar operadores privados y estructurar contratos fiduciarios.
Además, el decreto autoriza a Petroperú a ejecutar en un plazo de cinco días hábiles las decisiones de ProInversión, bajo responsabilidad funcional, y advierte que cualquier demora u obstaculización acarreará sanciones administrativas, civiles o penales.
El Gobierno asegura que la reorganización de Petroperú no descuidará el suministro de combustibles en la Amazonía, donde la empresa estatal mantiene una participación mayoritaria. Sin embargo, el proceso contempla la reducción de personal de la compañía, que actualmente cuenta con una planilla de alrededor de 2.500 trabajadores.
El decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 con vigencia de un año, abre la puerta a la privatización parcial de Petroperú, sin mencionar expresamente este término. Los recursos generados por la transferencia o gestión de los activos se destinarán prioritariamente al pago de pasivos críticos y obligaciones laborales y financieras de la empresa.
