El Gobierno interino de José Jerí, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), busca ampliar los beneficios de la "Ley Chlimper 2.0" a los grandes grupos de la industria de alimentos. Según un proyecto de decreto supremo revisado por este diario, la iniciativa apunta a que determinadas actividades agroindustriales accedan a una tasa reducida del impuesto a la renta (IR), que pasaría de 29,5% a 15%, beneficio que hasta ahora se concentraba en las empresas agrarias y que regirá desde 2026.
La propuesta, que se encuentra en etapa de consulta pública, busca definir qué actividades agroindustriales estarán comprendidas en la Ley N. 34234, conocida como "norma que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social". Entre los potenciales beneficiarios figuran grandes conglomerados como el Grupo Gloria, el Grupo Romero, Tacama y otros actores de gran escala del sector alimentos.
Sin embargo, el economista e investigador Eduardo Zegarra cuestionó duramente la iniciativa, señalando que contradice el espíritu de la Ley de Promoción Agraria y favorece a sectores concentrados, que no forman parte de la producción agraria primaria. "Esta es una total distorsión de la ley y una aberración técnica. En lugar de beneficiar a la pequeña agricultura, se está ampliando un regalo tributario a grandes sectores industriales", afirmó.
Según estimaciones, la ampliación del impuesto a la renta reducido de 15% a estas actividades tendría un costo fiscal estimado de S/300 millones anuales, asociado principalmente a una menor recaudación del impuesto a la renta empresarial. En un horizonte de 10 años, el impacto acumulado ascendería a alrededor de S/3.000 millones.
El exministro de Economía Waldo Mendoza cuestionó la medida, señalando que contradice el "Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible" impulsado por el propio gobierno. Por su parte, el exministro Kurt Burneo advirtió que el Acuerdo Fiscal solo sería creíble si el Ejecutivo pasaba del discurso a medidas concretas.
La inclusión de actividades industriales consolidadas podría desnaturalizar aún más el espíritu de la Ley Chlimper 2.0, que de por sí beneficiará a grandes agroexportadoras. Zegarra señaló que, en lugar de beneficios sobre el Impuesto a la Renta, lo adecuado sería subsidios a la inversión condicionados a que las empresas inviertan.
