Ochenta días después de la fuga de 20 reos del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes 2 en Guatemala, las autoridades aún luchan por recapturar a los peligrosos delincuentes y esclarecer las fallas de seguridad que permitieron la evasión.
La evasión, ocurrida entre agosto y octubre pasado, sacudió al Sistema Penitenciario (SP) guatemalteco, evidenciando graves problemas de infraestructura y posibles complicidades internas. Según las investigaciones, los pandilleros, catalogados como terroristas por Estados Unidos, habrían escapado de forma paulatina, solos o en parejas, aprovechando horarios de visitas o requisas.
Hasta la fecha, solo 6 de los 20 reos fugados han sido recapturados, mientras que las autoridades ofrecen una recompensa de Q150 por información que conduzca a la detención de los 14 cabecillas prófugos, entre ellos Ángel Aroldo Cú Mejicanos, alias "el Inquieto", señalado como el principal operador financiero de la pandilla.
Las investigaciones apuntan a fallas de seguridad estructurales en el sistema penitenciario. Según documentos del SP, hasta el 16 de octubre pasado, 20 de los 23 centros carcelarios del país no contaban con cámaras de videovigilancia, debido a problemas de mantenimiento y fallas técnicas. Además, se investiga la posible participación de funcionarios penitenciarios, incluyendo al entonces director Ludin Astolfo Godínez, quien fue destituido al día siguiente de la fuga.
Analistas creen que la fuga buscaba reconfigurar el liderazgo de la pandilla Barrio 18, luego del traslado de cinco cabecillas a otra cárcel. Esto habría permitido a "el Inquieto" asumir el control de la organización criminal.
El escándalo ha generado una crisis de confianza en el sistema penitenciario guatemalteco, obligando a las autoridades a intensificar los esfuerzos de recaptura y a emprender una revisión integral de la seguridad en las cárceles del país.
