Durante los últimos tres años, Costa Rica ha enfrentado una crisis de seguridad sin precedentes, con un alarmante aumento en los índices de homicidios. Según datos oficiales, el país cerró el 2023 con 904 asesinatos, seguido de 872 homicidios en 2024 y 856 en 2025, superando ampliamente el récord anterior de 596 homicidios registrados en 2017.
Cuatro expertos consultados por el diario La Nación, entre ellos el exministro de Seguridad Gustavo Mata, el exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Rafael Guillén, el exdirector del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas Roberto Méndez y la abogada penalista Angie Arce, coinciden en que la política de seguridad del gobierno ha sido "errática" y que la falta de voluntad política ha sido determinante en el deterioro de la situación.
Según los especialistas, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Seguridad, Mario Zamora, han evadido su responsabilidad de prevenir los delitos e incluso han favorecido el avance del crimen organizado al tomar medidas como sacar a la Guardacostas de Bahía Drake, una zona por donde suele ingresar cocaína al país, o retirar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de muelles, aeropuertos y puestos fronterizos.
"En Costa Rica, hay puertas abiertas para el ingreso del narco. Nos dijeron que los que morían en manos del crimen organizado era porque andaban en malos pasos, pero estamos viendo las muertes colaterales, todos estamos en peligro, personas inocentes también están muriendo. Mientras tanto, el gobierno le echa la culpa a otros para paliar su negligencia o su intención de disminuir la lucha contra el crimen", aseveró el exdirector del OIJ, Rafael Guillén.
Los expertos coinciden en que la falta de inversión en seguridad y la reducción de recursos para los cuerpos policiales han sido determinantes en el deterioro de la situación. Según Roberto Méndez, exdirector del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, la caída en los decomisos de droga evidencia la disminución de la presencia policial en las calles y en los puntos estratégicos de ingreso de narcóticos.
Ante este panorama, los especialistas afirman que es posible revertir la crisis de seguridad, pero solo si existe una verdadera voluntad política del gobierno para destinar los recursos necesarios, articular una estrategia integral a largo plazo y coordinar esfuerzos con los diferentes actores involucrados.
"Se puede, con voluntad política. Lo que pasa es que hay una omisión del Poder Ejecutivo, un deseo de deteriorar la prevención y la represión. Cuando el Congreso aprueba presupuestos, el Ministerio de Hacienda no los gira. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos dinero y no lo giramos a los órganos que defienden al país", cuestionó el exdirector del OIJ, Rafael Guillén.
