La administración del alcalde Cristian Zamora se ha visto envuelta en una serie de informes de auditoría realizados por la Contraloría, los cuales señalan responsabilidades administrativas e incluso indicios de presunción penal. Uno de estos informes se relaciona con la contratación del yerno de un concejal en la empresa pública ETAPA EP.
Según el ente de control, la creación del cargo para el yerno del concejal no se justifica, por lo que se le exige la devolución de los sueldos recibidos. Además, se le cuestiona haber juramentado ante la Contraloría que no estaba inhabilitado para ejercer un cargo público.
El alcalde Zamora, fiel a su estilo confrontativo, ha reaccionado con dureza ante estos informes, argumentando que, en función de la autonomía municipal, tiene la absoluta libertad de crear los cargos que considere necesarios y asignarlos a quien crea conveniente, sin que esto constituya un motivo de inhabilitación.
Sin embargo, expertos consultados consideran que la autonomía municipal no es una "patente de corso" para hacer lo que se desee con los recursos públicos, mucho menos para colocarse por encima de la ley. Asimismo, cuestionan que los informes de la Contraloría hayan salido justo cuando el alcalde anunció su intención de buscar la reelección.
"Hubiera sido prudente, ético, por un mínimo de decencia, analizar el parentesco del congraciado con el edil; y este, igual, avizorar un potencial conflicto, como acaba de ocurrir", señaló un experto consultado.
Ante esta situación, el alcalde Zamora ha mantenido su postura confrontativa, desafiando a la Contraloría y defendiendo su autonomía. Sin embargo, los expertos advierten que el tiempo y las instancias legales serán las que determinen la razón en este caso.
