La pena de muerte sigue siendo una realidad en gran parte del mundo, con una aplicación desigual y controvertida. Un análisis de la situación global y la posición de Venezuela en este debate.
La pena de muerte es una práctica que, si bien ha ido perdiendo terreno en las últimas décadas, aún se mantiene vigente en muchos países. Según datos de Amnistía Internacional, en 2021 se registraron ejecuciones en al menos 18 países, con China, Irán, Egipto, Arabia Saudita y Estados Unidos a la cabeza.
En el caso de Venezuela, la pena capital está contemplada en el Código Penal, pero no se ha aplicado desde 1863. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado que el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, especialmente en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo a la información recopilada, a nivel mundial, el 42% de las ejecuciones recientes se han dado por delitos relacionados con el tráfico de drogas, una práctica típica de "regímenes tiránicos" como el de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Venezuela.
Otros países como Arabia Saudita, Egipto e Irán también han aplicado la pena de muerte por delitos de terrorismo, en ocasiones contra opositores políticos. En el caso de China, la inmensa cantidad de ejecuciones se justifica en razones de seguridad nacional.
Por su parte, en Estados Unidos, si bien las ejecuciones a nivel federal se han reducido, en algunos estados aún se mantiene esta práctica, aunque la tendencia general es de disminución.
En general, la mayoría de los países del Medio Oriente no revelan datos sobre la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, se prevé un aumento global de esta práctica dentro de una minoría de naciones que aún la mantienen.
El debate sobre la pena capital sigue abierto a nivel internacional, con posturas encontradas entre quienes la defienden como mecanismo de justicia y aquellos que la consideran una violación a los derechos humanos. En el caso de Venezuela, la falta de transparencia y los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales mantienen la preocupación sobre el respeto a la vida y la dignidad de las personas.
