El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió a la opinión pública al revelar que su salario mensual como jefe de Estado equivale a solo 120 dólares, es decir, el valor de dos petros, la criptomoneda estatal lanzada por el gobierno en 2018.
Durante una intervención pública en Caracas, Maduro negó tener propiedades o cuentas en el extranjero y se describió a sí mismo como un "presidente obrero" que lleva una vida austera. "No tengo bienes materiales, no tengo riquezas, no tengo nada", afirmó el mandatario, rechazando las acusaciones de la oposición sobre presuntas fortunas vinculadas a su entorno.
Maduro mencionó tener únicamente una cuenta de ahorros en Venezuela, donde se deposita su modesta remuneración, y bromeó diciendo que su esposa, Cilia Flores, es quien administra el dinero antes de que él lo vea.
Las declaraciones del presidente se produjeron en un contexto de profunda crisis salarial en Venezuela, donde el salario mínimo oficial permanece congelado en 43 centavos de dólar desde marzo de 2022, afectando a millones de trabajadores públicos, docentes y jubilados.
Organizaciones como Transparencia Venezuela han señalado la ausencia de información pública verificable sobre los ingresos y patrimonio de altos funcionarios del gobierno. En sus informes, la ONG ha documentado cómo figuras cercanas al poder ejercen influencia sobre sectores estratégicos como la industria petrolera, mediante redes privadas y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El petro, mencionado por Maduro como referencia de su salario, fue creado por el gobierno venezolano como criptomoneda respaldada en recursos naturales. Aunque su uso ha disminuido y dejó de operar activamente en años recientes, sigue siendo citado oficialmente en algunos contextos.
Las afirmaciones del mandatario generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios contrastaron su discurso con la realidad económica del país. Venezuela enfrenta uno de los salarios mínimos más bajos de la región, complementado en algunos casos por bonos gubernamentales que no inciden en prestaciones laborales. Este episodio resalta el debate recurrente sobre la transparencia en la gestión pública y los ingresos de los líderes políticos en Venezuela.
