El Gobierno de Israel ha anunciado que retirará las licencias de 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Gaza y Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de estas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas". Esta decisión, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, tendrá un impacto devastador en la población palestina, que depende en gran medida de los servicios prestados por estas ONG.
Según el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, las ONG afectadas no habrían entregado a las autoridades israelíes "información completa y verificable sobre sus empleados". Además, el ministerio acusa a MSF, sin presentar pruebas, de que "personas afiliadas" a esta organización estarían vinculadas a grupos islamistas palestinos como la Yihad Islámica y Hamás.
La decisión del Gobierno israelí se enmarca en una serie de medidas restrictivas introducidas en marzo de 2025, que exigen a las ONG internacionales que operan en los territorios palestinos ocupados detallar los nombres de todos sus trabajadores, además de negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación contra Israel, instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.
Médicos Sin Fronteras ha manifestado que, a 30 de diciembre, no ha recibido ninguna notificación sobre la retirada de su licencia y ha enfatizado que, si se le impide operar en la Franja de Gaza, ello tendría consecuencias "devastadoras" para los palestinos, ya que MSF se encarga de alrededor del 20% de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí.
Un grupo de 10 países, entre los que figuran Francia y Reino Unido, han pedido a Israel que permita a las ONG internacionales y organismos de la ONU como UNRWA seguir operando en la Franja de Gaza, advirtiendo del "nuevo deterioro de la situación humanitaria" en la zona, que califican de "catastrófica". Los ministros de Asuntos Exteriores de estos países han instado a Israel a que deje trabajar a la ONU y a sus socios, para que "puedan continuar su labor vital" en la región.
La decisión del Gobierno israelí de retirar las licencias a estas ONG, que prestan servicios esenciales a la población palestina, supone un nuevo golpe a la ya precaria situación humanitaria en Gaza y Cisjordania. Expertos temen que esta medida pueda tener consecuencias devastadoras para los civiles, que dependen en gran medida de la asistencia proporcionada por estas organizaciones.
