El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras enfrenta uno de los momentos más críticos del proceso electoral, a pocas horas de que venza el plazo legal para la declaratoria oficial de las elecciones generales del 30 de diciembre de 2025.
El cierre del proceso electoral está marcado por retrasos en el escrutinio especial, disputas municipales y una creciente confrontación política que amenaza con escalar a un conflicto institucional. La Ley Electoral establece que el CNE debe realizar la declaratoria oficial a más tardar treinta días después de los comicios, lo que coloca al órgano electoral en una cuenta regresiva decisiva.
El proceso de escrutinio especial, aprobado por el pleno del CNE, ha presentado nuevos retrasos, lo que ha generado tensión entre los consejeros. Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López emitieron un memorándum instruyendo la realización de escrutinios especiales en 65 corporaciones municipales, incluido el Distrito Central, una de las alcaldías más disputadas.
Uno de los focos principales de la tensión electoral es la alcaldía del Distrito Central, donde la diferencia entre los dos principales candidatos es mínima. Según los datos oficiales del CNE, el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, acumula 164,465 votos (38.01%), mientras que el aspirante de Libre, Jorge Aldana, registra 163,577 votos (37.81%), una diferencia de menos de mil votos.
Aldana ha defendido la necesidad de realizar el escrutinio especial en la capital, asegurando que es la única forma de garantizar la transparencia del proceso. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha advertido que no reconocerán una declaratoria que, a su juicio, no cumpla con los requisitos legales.
Con el plazo legal prácticamente agotado, el CNE se enfrenta a un escenario de alta presión política, social e institucional. La declaratoria oficial de elecciones, lejos de representar el cierre natural del proceso democrático, se perfila como un nuevo punto de conflicto entre fuerzas políticas, con implicaciones que podrían trascender al ámbito legislativo y constitucional.
