El exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, fue aprehendido en la madrugada de este martes 30 de diciembre en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando pretendía salir del país con destino a China, con escala en Chile.
Según el informe policial, Del Castillo se encontraba acompañado de cinco personas y se negó a ser revisado como lo hacen todos los ciudadanos que viajan. Al ser interceptado por la policía, el exministro se aferró a una niña que tenía en brazos y se rehusó a la revisión de sus maletas y pertenencias.
Durante el operativo, se desplegaron efectivos de unidades especiales como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcv) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), además de personal del Grupo de Apoyo a las Investigaciones (DACI). Tras su detención, Del Castillo fue trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Delito (Felcc) en la capital cruceña, donde permanece a la espera de que se le tome declaración por el delito de "obstrucción al trabajo policial".
Eduardo Del Castillo, abogado y militante del Movimiento al Socialismo (MAS), alcanzó su mayor visibilidad como ministro de Gobierno durante la presidencia de Luis Arce Catacora (2020-2025). Desde ese cargo estratégico, concentró el control político de la Policía y la seguridad interna, convirtiéndose en un vocero duro del Ejecutivo y protagonista de procesos judiciales de alto impacto, incluidos los operativos contra la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
Este año, Del Castillo renunció a su cargo ministerial para convertirse en el candidato a la presidencia por el entonces partido de Gobierno, el MAS. Sin embargo, su aspiración política se vio truncada luego de que la Fiscalía General del Estado abriera una investigación penal en su contra por presuntos delitos cometidos durante su gestión al frente del Ministerio de Gobierno.
Tras su detención en el aeropuerto, el exministro Del Castillo quedó a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar si procede o no su procesamiento por el delito de "obstrucción al trabajo policial". Mientras tanto, diversas organizaciones y víctimas han denunciado amenazas y se han sumado a los procesos en su contra por otros casos, como el del Fondo Indígena.
