En medio de las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503, ha surgido una polémica por los elevados sueldos que perciben los principales dirigentes de la central obrera, especialmente los mineros. Mientras exigen al Gobierno que abrogue el decreto, los líderes se niegan a revelar cuánto ganan mensualmente y desafían a que se audite sus aportes a la Gestora.
El Gobierno ha cuestionado el rol de estos dirigentes y calificado las protestas como una medida "enteramente política". Los ministros de Economía y Desarrollo Productivo han emplazado a los trabajadores de base a que intervengan a los ejecutivos de la COB para que rindan cuentas de sus ingresos.
Uno de los dirigentes más cuestionados es Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB y minero de la subsidiaria Huanuni. Argollo eludió responder a los periodistas sobre su salario, pero aseguró que no reciben sueldo del Estado, sino de la empresa minera donde trabajaban antes de ser elegidos dirigentes. Sin embargo, Huanuni es una empresa pública bajo la tuición de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), es decir, del Estado.
Según una fuente oficial del sector, un trabajador de interior mina que opera como perforista en las empresas estatales puede llegar a ganar alrededor de 30.000 bolivianos. Esto contrasta con el argumento de los dirigentes, quienes aseguran que los mineros sacrifican sus vidas en el interior de las minas y no llegan a los 50 años de edad.
La Comibol, por su parte, señaló que no interviene ni define los niveles salariales de los mineros, y que cada empresa estatal tiene la potestad de decidir cuánto ganan sus trabajadores.
Mientras tanto, la COB mantiene las protestas contra el Decreto Supremo 5503, con marchas y huelgas de hambre, en medio de las críticas a los altos sueldos de sus principales dirigentes.
