La próxima contienda electoral subnacional en Bolivia, programada para el 22 de marzo de 2026, ha desatado una verdadera avalancha de candidaturas. Solo en el departamento de Santa Cruz, se han inscrito 5.607 aspirantes respaldados por 34 organizaciones políticas, entre ellos 12 candidatos a la Gobernación y 15 a la Alcaldía de la capital cruceña. Esta cifra sin precedentes en la historia democrática del país plantea importantes desafíos para los tribunales electorales departamentales, que deberán garantizar un mínimo de idoneidad, solvencia ética y responsabilidad política entre los candidatos habilitados.
Detrás de este fenómeno confluyen diversos factores, entre ellos la erosión de los partidos tradicionales y de las alianzas políticas consolidadas, la fragmentación del poder y el debilitamiento del Estado tras casi 20 años de hegemonía del MAS, así como la percepción de que "cualquiera puede ganar" en un contexto de crisis económica y polarización política.
Si bien la cantidad de candidatos no es un indicador de la calidad democrática, esta situación refleja una recomposición institucional en curso en Bolivia. Algunos aspirantes parten con ventaja por su experiencia previa, mientras que otros representan a la ciudadanía carismática, los empresarios, los dirigentes vecinales o los activistas, bajo la promesa de que gobernar es solo cuestión de voluntad.
Pese a estos desafíos, se espera que los comicios subnacionales se desarrollen con la misma madurez democrática que las últimas elecciones presidenciales. Ojalá que, en medio de tanta dispersión, logren emerger propuestas serias, responsables y representativas, capaces de orientar un rumbo departamental claro, del mismo modo en que Bolivia intenta recomponerse en el ámbito nacional.
