La política exterior de Estados Unidos ha sufrido un giro geopolítico crucial en los últimos años, reconociendo y respondiendo a la agresión perpetrada por el llamado "socialismo del siglo XXI" o "castrochavismo" contra las democracias de la región. Este fenómeno, que incluye migraciones forzadas, narcotráfico, terrorismo, narcoestados, delincuencia transnacional, trata de personas y más, ha convertido la liberación de Venezuela, Cuba y Nicaragua en una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos.
La "guerra híbrida" impulsada por estos regímenes, basada en la "negación plausible" de su responsabilidad en acciones condenables, ha llevado a Washington a tomar medidas contundentes. El seguimiento de todos los actos de agresión, que van desde la migración forzada hasta el terrorismo, ha conducido a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y sus satélites, con la participación de potencias extrahemisféricas como China, Rusia e Irán.
Este escenario, que debía ser el de la "democracia plena en las Américas", se ha visto trastocado por la expansión de la dictadura cubana, que ha establecido su modelo en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y otros países de la región. Incluso, gobiernos como los de Argentina, Brasil, México, Honduras, Chile y Colombia han sido identificados como "paradictatoriales" por su discurso antiimperialista y su agresión de facto contra Estados Unidos y las democracias de la región.
La delincuencia organizada del "socialismo del siglo XXI" ha suplantado la política, instalando narcoestados y carteles que detentan el poder y usurpan la libertad y la soberanía de los pueblos. Este sistema, basado en la narrativa de la revolución antiimperialista y el populismo, el terrorismo de Estado y la impunidad, ha establecido redes criminales transnacionales que buscan desestabilizar a los países democráticos.
En este contexto, Estados Unidos ha retomado la Doctrina Monroe con el Corolario Trump, defendiendo su seguridad nacional y la de las democracias de las Américas. Junto a ellos, países como Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador, entre otros, han identificado a los grupos narcoterroristas que detentan el poder en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La lucha desigual de los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua por su libertad tiene ahora el respaldo del uso legítimo de la fuerza contra el narcoterrorismo que los oprime. Su liberación es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos y de las democracias de la región.
