Entre enero y noviembre de 2025, el Ministerio Público de Panamá registró un aumento cercano al 70.7% en el ingreso y movilización de expedientes vinculados a presuntos casos de corrupción, alcanzando un total de 2,946 carpetas y procesos, en contraste con los 1,726 del mismo período en 2024.
Este incremento refleja una presión creciente sobre el sistema de investigación penal y una intensificación en la tramitación de causas que, una a una, fueron llegando a los despachos fiscales en medio de una demanda pública cada vez mayor por rendición de cuentas.
Los registros revelan que casi la mitad de los casos, el 48.4%, está relacionada con delitos contra la Administración Pública, seguidos por delitos contra el Orden Económico (26.4%) y delitos contra el Patrimonio Económico (20%). Esto evidencia el peso de las conductas vinculadas al manejo de recursos y a la actividad económica.
Algunas de las investigaciones más sensibles apuntan a casos que han marcado la agenda pública, como la descentralización paralela que involucra a representantes y alcaldes, los polémicos auxilios económicos del Ifarhu y las cuestionadas planillas de la Asamblea Nacional. Sin embargo, estos procesos han enfrentado limitaciones por la falta de auditorías suficientes para sustentar las pesquisas.
La Fiscalía Anticorrupción reportó que, entre enero y septiembre de 2025, se emitieron 423 solicitudes y reiteraciones de auditorías especiales a la Contraloría General de la República, pero solo se recibieron 116 informes, de los cuales solo 53 correspondían a solicitudes de ese año. Esto significa que apenas el 12.5% de las auditorías requeridas en 2025 ha sido entregado, lo que ha condicionado el avance de investigaciones relevantes.
Además, en 2025, el Ministerio Público presentó dos proyectos de ley anticorrupción ante la Asamblea Nacional, los cuales fueron rechazados en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas.
Estos datos reflejan los desafíos que enfrenta Panamá en su lucha contra la corrupción, donde la falta de apoyo institucional y los obstáculos legales parecen limitar los esfuerzos de la Fiscalía Anticorrupción por investigar y sancionar los presuntos actos de corrupción.
