La comunidad mapuche Paicil Antriao podría ser desalojada de un sector cercano a Villa la Angostura, Neuquén, debido a que su asentamiento obstaculiza el avance de una importante obra vial en la localidad. El litigio territorial se encuentra en manos de la Justicia Federal, y el desalojo parece inminente según las fuentes consultadas.
La obra en cuestión es una ruta de 6,1 kilómetros de extensión, en cuatro carriles, que fue planificada para evitar que los camiones de gran porte transiten por el centro de la localidad turística. Sin embargo, el tramo conocido como "Los Álamos" se mantiene en disputa debido a la presencia de la comunidad mapuche, que defiende su preexistencia en el territorio.
Los lugareños, por su parte, sostienen que la comunidad se instaló allí cuando conocieron el recorrido planificado por los ingenieros de Vialidad Nacional, en lo que consideran una "clara especulación inmobiliaria". El litigio comenzó antes de 2017, año en el que se iniciaron los trabajos de la obra.
La comunidad mapuche se ha adjudicado ataques vandálicos a la empresa que ganó la licitación para ejecutar la obra, como el incendio de maquinaria pesada en octubre de 2022. Estos hechos se produjeron horas después del desalojo masivo de Villa Mascardi, en el que siete mujeres de la agrupación Lafken Winkul Mapu fueron detenidas.
Según el informe de Gendarmería Nacional, en el asentamiento de la comunidad Paicil Antriao se constató la presencia de más de 20 viviendas, muchas de carácter precario, ocupadas por familias completas. Ahora, el juez Ezequiel Andreani cuenta con este informe y podría dictar la sentencia que defina el futuro del proyecto vial y el desalojo de la comunidad.
Los lugareños confían en que la Justicia Federal ordenará el desalojo mapuche, ya que la causa se inició a partir de la presentación de Vialidad Nacional para solicitar la liberación del recorrido de la obra. Sin embargo, la comunidad ha utilizado la misma estrategia en otros conflictos similares, alegando su preexistencia en el territorio.
El caso refleja la tensión recurrente entre los intereses de desarrollo económico y las reivindicaciones territoriales de las comunidades indígenas en la Patagonia argentina. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante en la región.
