El informe de Transparencia Venezuela titulado "PDVSA: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada" ha destapado un complejo esquema de privatización y militarización de la industria petrolera venezolana, que se ha venido consolidando desde 2018 y con mayor intensidad entre 2019 y 2025.
A pesar de los discursos de "soberanía energética" que justificaron las expropiaciones y nacionalizaciones en el pasado, la realidad es que PDVSA ha evolucionado hacia fórmulas de negocio que reducen el rol operativo y fiscal de la empresa estatal, mientras se flexibilizan obligaciones tributarias y contractuales en perjuicio del patrimonio público.
Estas modificaciones se han aplicado al margen del marco legal, sin reformas formales a la Constitución ni a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sin licitaciones abiertas y sin supervisión parlamentaria. El informe revela cómo el "secreto de Estado", instaurado incluso antes de las sanciones internacionales, ha impedido a la ciudadanía conocer el destino de la empresa que durante años se dijo "es de todos".
La investigación sistematiza información sobre presuntas empresas aliadas de PDVSA y detalla la evolución hasta el modelo actualmente vigente: los Contratos de Participación Productiva (CPP). Desde 2019, la comercialización del petróleo venezolano opera en un ecosistema diseñado para sortear sanciones y sostener flujos financieros en un contexto de colapso institucional.
El proceso dejó de ser técnico para convertirse en un entramado político-financiero que incluye intermediarios temporales, empresas de corta duración, transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y pagos en criptomonedas. Este sistema articulado evidencia la convergencia entre élites políticas, empresariales y negocios petroleros opacos.
El informe identifica figuras clave como Álvaro Pulido, Majed y Khaled Khalil Majzoub, Jorge Giménez, Ramón Carretero Napolitano, Alejandro Betancourt, Wilmer Ruperti y Álex Saab, quienes han tenido un rol fundamental en la definición de los nuevos modelos de negocio y esquemas de comercialización.
Además, se aborda la participación de China, Rusia e Irán, que han intervenido en la comercialización del crudo venezolano para saldar deudas, recuperar inversiones y aprovechar los descuentos asociados al petróleo sancionado.
Entre enero y noviembre de 2025 se registraron alrededor de 411 embarques de petróleo, una parte significativa de los cuales se realizó a través de operaciones opacas o que no pudieron ser plenamente identificadas. Esto se suma a un reciente endurecimiento del cerco financiero y el cierre de billeteras digitales utilizadas para pagos en criptomonedas, lo que agrava los problemas de flujo de caja de PDVSA y anticipa nuevas cesiones de activos y áreas de explotación.
El informe de Transparencia Venezuela revela un complejo entramado de privatización y militarización de la industria petrolera venezolana, alejado de los principios de transparencia y rendición de cuentas que deberían regir una empresa estratégica como PDVSA.
