La libertad de expresión en México enfrenta un insidioso asedio, con nuevas formas de censura que van más allá de la violencia física contra periodistas. Según un informe reciente, el gobierno está utilizando figuras legales de manera abusiva para criminalizar y silenciar a voces críticas, tanto de medios como de ciudadanos.
El libro "¡Cállense! Los nuevos rostros de la censura", compilado por Humberto Musacchio, documenta diversos casos en los que se ha recurrido a acusaciones criminales sustentadas en leyes electorales, civiles o penales, para amedrentar, humillar y amordazar a quienes cuestionan a los poderosos o señalan fallas en el país.
Uno de los ejemplos es el del periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal, acusados de "violencia política de género" por una candidata en Tamaulipas. Otro caso es el del periodista José Luis González, de Tribuna Campeche, a quien se le impuso un censor de sus publicaciones por orden de la gobernadora. Incluso ciudadanos como Karla Estrella y Carlos Velázquez de León han sido obligados a ofrecer disculpas públicas por criticar a funcionarios.
Estas prácticas, aparentemente aisladas, en realidad constituyen una preocupante embestida contra la libertad de expresión y el derecho a la información, advierte Musacchio. Tan solo la semana pasada, dos periodistas más fueron acusados de graves delitos en Puebla y Veracruz, en lo que parece ser una tendencia creciente.
Expertos señalan que, si bien México no vive una dictadura, el asedio a los medios críticos y a las voces disidentes es cada vez más evidente, con el uso abusivo de la ley como una nueva forma de censura. Indignarse ante esto no es solo solidarizarse con los periodistas, sino defender la libertad de expresión y el derecho a estar informados, pilares de una sociedad democrática.
