Tras una reunión entre el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, y representantes del sector productivo, gremial y agropecuario, ambas partes expresaron expectativas de un giro en la relación público-privada y coincidieron en que el cierre de 2025 marca un punto de inflexión para encarar un 2026 con mayor certidumbre económica.
El encuentro sirvió para presentar los alcances del Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los carburantes con el objetivo de evitar el contrabando y frenar el drenaje de recursos del Estado. También se escucharon las demandas acumuladas de sectores que aseguran haber atravesado uno de los años más difíciles en décadas.
Espinoza señaló que en la reunión se identificaron coincidencias clave y una lectura compartida sobre los obstáculos que enfrentan quienes producen y trabajan en el país. "En Bolivia lo impositivo se ha vuelto un infierno y el Estado se convirtió en un 'Estado tranca' que no hace más que generar problemas. Aquí hemos tenido un punto de encuentro con todo el sector", afirmó.
Desde la mirada del Gobierno, el cierre de 2025 deja un dato central: el levantamiento de la subvención a los carburantes permitió detener la salida de recursos públicos y evidenció una madurez social que abre espacio para reformas más profundas. "Estamos encontrando una población que quiere trabajar: el sector productivo, el minero cooperativista, el autotransporte. Hoy no piden ideología, piden estabilidad", sostuvo Espinoza, al proyectar un 2026 con mejores condiciones para la actividad económica.
Desde el sector privado, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, calificó 2025 como un año "muy complicado", marcado por bloqueos, escasez de diésel y falta de dólares, pero afirmó que la reunión con el ministro abre expectativas para reconstruir la confianza entre el Estado y los productores.
"Fue un año que no vamos a olvidar. Nos trataron de contrabandistas y especuladores, pero hoy vemos que una agenda postergada por casi 18 años empieza a dar frutos, con reglas más claras y mayor seguridad jurídica", señaló Frerking. El sector espera ahora normas complementarias que permitan avanzar en temas estructurales como el acceso a biotecnología, el freno a los avasallamientos, cambios en la Función Económica Social (FES) y créditos bancarios para pequeños productores.
Por su parte, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, valoró la presencia de las autoridades económicas y la explicación directa de la normativa. "Entendemos que es una medida pensada para dar certidumbre y estabilidad, algo fundamental para que el sector productivo pueda invertir y crecer", afirmó.
Hernández destacó que, pese a las adversidades, los productores cumplieron con el país en 2025, alcanzando una producción nacional de alrededor de 5,6 millones de toneladas de granos. Esto permitió recuperar niveles productivos, garantizar la seguridad alimentaria y generar excedentes exportables.
De cara a 2026, el sector agropecuario observa el panorama con expectativa, condicionado a que se consoliden compromisos como la liberación de exportaciones, el acceso a biotecnología, la seguridad jurídica sobre la tierra y un abastecimiento estable de combustibles.
El Gobierno, por su parte, insiste en que el diálogo con los sectores productivos será clave para acompañar la implementación del Decreto 5503, cerrar espacios al contrabando y construir un Estado que facilite el trabajo y la inversión, en un año que tanto autoridades como productores proyectan como decisivo para la recuperación económica.
