El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 269 con el objetivo de reforzar la seguridad en el sistema penitenciario nacional. Esta normativa establece perímetros específicos alrededor de los centros de privación de libertad, denominados "áreas reservadas de seguridad", con el fin de prevenir amenazas externas.
La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar el orden interno y la soberanía del Estado ecuatoriano, en medio de la persistencia del conflicto armado interno que atraviesa el país. Bajo este escenario, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asumen una responsabilidad conjunta en la protección de estas zonas estratégicas.
El decreto subraya que la misión fundamental es la defensa de la integridad territorial y la protección de los derechos ciudadanos. El liderazgo militar será determinante para ejecutar las operaciones necesarias en los perímetros declarados bajo reserva estatal.
Mediante el Artículo 1, Noboa oficializó la declaratoria de estas zonas conforme a un anexo clasificado como secreto. Esta reserva es vital para no comprometer las estrategias de defensa nacional aplicadas en cada centro penitenciario. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) aprobó previamente la delimitación técnica de estos espacios.
Asimismo, Noboa aprobó regulaciones especiales que deberán cumplirse estrictamente en los perímetros de los centros detallados. Estas normas operativas se encuentran contenidas en otro anexo confidencial para fines de seguridad pública. El sistema de rehabilitación social mantendrá la responsabilidad de la gestión interna, mientras que las fuerzas del orden aseguran el control exterior.
La ejecución de este decreto fue encomendada a los ministerios de Defensa, Interior y Economía y Finanzas, quienes deben coordinar esfuerzos para delimitar los perímetros previamente declarados como zonas de seguridad. También participarán el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y los gobiernos autónomos descentralizados.
Con esta acción administrativa, el Ejecutivo reafirma su facultad de regular el territorio nacional para garantizar la paz pública en medio del conflicto armado que atraviesa el país.
