El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, cuestionó un reportaje periodístico que reveló los elevados ingresos que perciben los trabajadores mineros asalariados de las empresas estatales Huanuni y Colquiri, cuyos salarios mensuales superan los 30.000 bolivianos e incluso llegan a más de 50.000 bolivianos. Sin embargo, Argollo se negó a transparentar su propio salario como dirigente sindical, desafiando a que se presenten documentos que prueben los montos que perciben los líderes.
El reportaje de El Deber puso al descubierto que los mineros de estas empresas estatales reciben ingresos mensuales que incluyen salario básico más bonos y beneficios adicionales, llegando en algunos casos a superar los 80.000 bolivianos. Estas cifras contrastan marcadamente con los sueldos básicos declarados oficialmente, que rondan entre 17.312 bolivianos en Huanuni y 22.000 bolivianos en Colquiri.
Ante estas revelaciones, Argollo evitó dar una respuesta directa sobre cuánto gana él como dirigente sindical, argumentando que los aportes salariales están registrados en la Gestora Pública y que una auditoría podría despejar cualquier duda. Sin embargo, volvió a esquivar la pregunta central sobre su propio ingreso mensual.
El dirigente sindical defendió los altos ingresos del sector minero, afirmando que los trabajadores son "productivos" y aportan de manera significativa al Estado a través del pago de impuestos, que llegan hasta el 37,5%. No obstante, la negativa de Argollo a transparentar su situación salarial alimenta el debate sobre la coherencia entre el discurso sindical, los elevados ingresos del sector minero y la falta de claridad en los beneficios que perciben sus principales representantes.
Esta situación genera un punto de fricción con la opinión pública, que ve con escepticismo las demandas de protestas sectoriales ante medidas económicas del Gobierno, en un contexto de cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad en la distribución de los recursos.
