En un escenario político convulsionado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este lunes a las autoridades de las dos facciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) para analizar el contexto del país y discutir, entre otros temas, la polémica reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Las comisiones ejecutivas de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores advirtieron que si la propuesta del oficialismo avanza en el Congreso "implicaría un cambio estructural de enorme gravedad en perjuicio de la clase trabajadora, los sectores populares y las organizaciones sindicales". Consideraron que se trata de una "ofensiva que apunta directamente a debilitar y destruir las herramientas de organización colectiva" de los trabajadores.
Luego del encuentro, tanto las centrales de trabajadores como el gobierno de Kicillof coincidieron en la necesidad de unificarse en el rechazo a la reforma laboral y al resto de las iniciativas impulsadas por el oficialismo. Acordaron llevar adelante acciones de "intervención política e institucional donde la participación popular sigue siendo la clave para revertir este rumbo negativo que padece el pueblo argentino".
Hugo "Cachorro" Godoy, titular de la CTA Autónoma, sostuvo a través de sus redes sociales que es necesario "articular con los gobernadores y fortalecer la movilización en las calles" para revertir el escenario actual. Agregó que "ambas centrales reafirmamos el compromiso de profundizar la unidad del campo popular y continuar el plan de acción y movilización para enfrentar la reforma laboral y defender los derechos conquistados".
La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo reescribió aspectos centrales de la legislación laboral vigente: define nuevas reglas para vacaciones, introduce la figura del banco de horas, modifica criterios de indemnizaciones, redefinió el régimen de despidos e incorpora cambios en procedimientos judiciales y administrativos vinculados al mundo del trabajo.
Según el oficialismo, la reforma busca establecer un marco más "moderno" que impacte sobre los sectores público y privado, generando lo que describen como un "reordenamiento" de la relación laboral. El propósito declarado es adaptar la normativa a un esquema más flexible e incorporar herramientas consideradas "actualizadas" por los redactores del proyecto.
Sin embargo, la iniciativa también busca, entre otros objetivos, flexibilizar las condiciones para contratar y despedir personal, a la par de limitar el ejercicio del derecho a huelga. Esto ha generado un fuerte rechazo por parte de los sindicatos y los sectores populares, quienes ven en esta reforma un ataque directo a los derechos de los trabajadores.
En este contexto de tensión y conflicto, la unidad entre el gobierno de Kicillof y las centrales obreras se perfila como una estrategia clave para enfrentar y revertir los embates del oficialismo contra las conquistas laborales. La movilización y la acción política serán fundamentales para defender los derechos de los trabajadores y evitar que la reforma laboral de Milei se concrete.
