El juez federal Sebastián Casanello ordenó este lunes una serie de allanamientos a funcionarios del Banco Central en el marco de una causa que investiga maniobras con el dólar en financieras. Los cinco funcionarios allanados habrían participado de un entramado de operaciones para conseguir dólares a precio oficial durante el cepo cambiario de la gestión de Alberto Fernández, para luego venderlos en el mercado blue a un precio mucho mayor.
La investigación se inició como un desprendimiento de la causa contra el empresario Elías Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio, quien está acusado de extorsión y estafas. En ese marco, Casanello ordenó cinco allanamientos a domicilios de inspectores de las áreas de Supervisión de Entidades Financieras y No Financieras del Banco Central.
Durante los operativos, se secuestraron documentación, equipos tecnológicos y una pequeña cantidad de dólares. Los funcionarios allanados son el inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras, Diego Volcic; las inspectoras Generale de Supervisión de Entidades no Financieras, Analía Jaime y Romina García; el gerente principal de Entidades Financieras, Fabián Violante y la inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras María Fernández.
Según la Justicia, estos cinco funcionarios habrían participado de maniobras para simular compras en el exterior y así conseguir dólares a precio oficial durante el cepo cambiario. Luego, esos dólares obtenidos a precio preferencial eran vendidos en el mercado blue a un valor mucho mayor, quedándose con la diferencia.
La causa tiene varias ramificaciones y otros jueces también investigan operaciones similares. La jueza María Eugenia Capuchetti, por ejemplo, tiene un expediente explosivo vinculado a la financiera Sur Finanzas, relacionada con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
En ese caso, se investiga la triangulación de operaciones de compra de dólar a precio oficial durante el cepo cambiario a través de empresas que modificaban habitualmente sus integrantes. Parte de ese expediente ya fue elevado a juicio oral y público.
Estas maniobras para hacer millonarias diferencias con la habilitación de dólar oficial durante el cepo K parecen tener múltiples ramificaciones en la Justicia, con varios funcionarios y empresarios involucrados.
