La Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, dio un paso trascendental hacia la desregulación total del mercado gasífero en Argentina. A través de la Resolución 606/2025, se establecieron los mecanismos para que los productores de gas natural abandonen la tutela de Energía Argentina S.A. (Enarsa) a través de contratos del Plan Gas y pasen a gestionar sus contratos de forma directa con las distribuidoras y CAMMESA.
Esta medida se enmarca en un proceso de "saneamiento" y "normalización" que busca retirar al Estado de actividades comerciales que pueden realizar los privados. El trasfondo de la normativa también se ubica en medio del proceso de privatización de Enarsa, ya que el Ejecutivo necesita limpiar el balance de la compañía y devolver la formación de precios a la libre interacción de la oferta y la demanda.
La resolución establece un esquema de adhesión voluntaria, pero con incentivos financieros y regulatorios concretos para que las empresas acepten la cesión de sus contratos. La pauta principal es la eliminación de intermediarios, por lo cual a partir de ahora los contratos de compraventa de gas que hoy tiene Enarsa con los productores en el marco de las distintas rondas del Plan Gas.Ar serán cedidos directamente a las distribuidoras.
Para acelerar el proceso, los productores que se adhieran recibirán un pago provisorio del 90% de la compensación estatal (subsidio) calculada sobre su declaración jurada mensual, en comparación con los plazos administrativos actuales. Además, quedarán relevados de la obligación de informar trimestralmente el avance de sus planes de inversión, salvo para compromisos específicos.
La resolución también flexibiliza el Compromiso de Inyección, eliminando el coeficiente divisor de $0,7$ para el cálculo de la producción comprometida, facilitando el cumplimiento de metas para las operadoras en diversas cuencas.
Enarsa deberá priorizar el abastecimiento de "Gas de Pico 2024 y 2025" a las distribuidoras, asegurando que el suministro prioritario (residencial) no sufra sobresaltos durante la transición, todo bajo la supervisión del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Los tiempos definidos son perentorios, con 30 días hábiles para que productores y distribuidoras envíen su nota de adhesión, y otros 30 días para que Enarsa instrumente el traspaso de volúmenes. Luego, las partes tendrán 30 días más para presentar los nuevos acuerdos directos ante la autoridad de aplicación.
Esta medida constituye el primer hito de la gestión energética para cumplir con la Ley de Bases, bajo la premisa de que el Estado nacional debe retirarse de las actividades que el mercado puede resolver por sí solo, dejando atrás el esquema de subsidios generalizados y congelamiento de tarifas que caracterizó la última década en Argentina.
