Un juez de Ecuador negó el pedido del exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, de salir de la cárcel de máxima seguridad donde está recluido para ser internado en un hospital. Según el magistrado, no existe vulneración de los derechos constitucionales de Glas, a pesar de que un médico que lo ha atendido afirmó que necesita "hospitalización inmediata" por sus múltiples enfermedades.
El exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien cumple condenas por delitos de corrupción, solicitó a través de un habeas corpus correctivo que se le permitiera salir de la cárcel de máxima seguridad donde está recluido para ser internado en un hospital. Sin embargo, el juez Jean Valverde declaró improcedente la demanda, argumentando que no existe vulneración de los derechos constitucionales del expolítico.
Según el informe presentado por el doctor Alejandro Barreto, quien ha dado seguimiento a la salud de Glas, el exvicepresidente sufre al menos 18 enfermedades o lesiones, entre las que se encuentran hipertensión arterial, fibromialgia, asma bronquial, sinusitis crónica, trastorno por estrés postraumático y gastritis atrófica crónica. Barreto concluyó que Glas necesita una "hospitalización inmediata no diferible en un centro externo especializado".
No obstante, funcionarios del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai) sostuvieron que Glas ha recibido 40 atenciones médicas desde su llegada a la nueva cárcel de máxima seguridad y que no necesita ser trasladado a un hospital, ya que la cárcel cuenta con la infraestructura necesaria para atenderlo.
El exvicepresidente fue trasladado a la nueva cárcel de máxima seguridad, ubicada en la provincia costera de Santa Elena, junto a cabecillas de bandas criminales, después de haber sido detenido en el asalto ordenado por el presidente Daniel Noboa a la Embajada de México en Quito, donde Glas había recibido asilo.
Glas, quien fue uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente Rafael Correa, enfrenta tres condenas por delitos de corrupción, la última de 13 años de cárcel por un delito de peculado cometido durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
