La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, presentó una denuncia ante la Justicia federal que involucra al asesor presidencial Santiago Caputo en una presunta red de corrupción, tráfico de influencias y uso ilegal de organismos de inteligencia.
Según la denuncia, Caputo habría utilizado a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para contratar los servicios de la consultora estadounidense Tactic Global, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, con vínculos en los servicios de inteligencia y Estados Unidos.
El contrato, firmado en febrero de 2025, es señalado como la base de un esquema de "embajadas paralelas" que habría permitido canales informales de comunicación entre las presidencias de Argentina y Estados Unidos, al margen de los circuitos institucionales de Cancillería y de las embajadas oficiales. Además, se menciona la presunta injerencia del lobista Barry Bennett, socio de Scatturice, en asuntos políticos internos.
La denuncia también apunta al crecimiento de los negocios de Scatturice con el Estado, a través de su empresa OCP Tech, y a la recomendación de Andrés Edgardo Vázquez, actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por parte del empresario.
La base informativa de la denuncia proviene de investigaciones periodísticas y registros públicos, tanto nacionales como internacionales. Talerico invocó artículos del Código Penal y la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe a los organismos de inteligencia influir en la vida política y social del país.
El caso pone en evidencia una presunta trama de relaciones de inteligencia y potenciales negocios que involucran al asesor presidencial y a empresarios con vínculos en los servicios de inteligencia y Estados Unidos, lo que podría constituir delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.
