La demolición del monumento erigido en homenaje a la presencia china en Panamá, ubicado en el mirador del puente de las Américas, ha generado una ola de reacciones ciudadanas, diplomáticas y políticas en el país centroamericano.
El hecho ocurrió la noche del sábado 27 de diciembre y rápidamente encendió el debate público. La controversia se intensificó en redes sociales, donde comenzaron a circular videos que mostraban maquinaria pesada derribando la estructura, lo que provocó cuestionamientos y críticas por parte de distintos sectores de la sociedad.
Ante la creciente polémica, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, emitió un comunicado justificando la remoción del monumento por presuntos riesgos estructurales. Según explicó, la decisión se adoptó de forma preventiva y estuvo sustentada en criterios técnicos y de seguridad, ya que el monumento presentaba deterioro visible, incluyendo bases corroídas, grietas en la estructura y zonas inestables.
Sin embargo, esta explicación no ha convencido a muchos, quienes consideran que la demolición realizada en "plena nocturnidad, propio de actos delincuenciales", fue un "acto aberrante e irracional" que "hiere a la comunidad chino-panameña" y "pisotea la historia" del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá (MIRE) se pronunció, expresando su respeto y consideración hacia la comunidad chino-panameña, y lamentando que una actuación de carácter administrativo haya generado sentimientos de agravio e incomprensión. La Cancillería subrayó que la nación reconoce con gratitud el aporte de los ciudadanos panameños de ascendencia china al desarrollo del país, y manifestó su disposición a acompañar y promover la identificación de un nuevo espacio digno donde pueda honrarse y preservarse el legado histórico y cultural de China.
Diversas figuras políticas, como el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, el excandidato presidencial Ricardo Lombana y el exdiputado independiente Juan Diego Vásquez, también han condenado la demolición y exigido transparencia y respeto a la memoria y la convivencia.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, solicitó que la ciudadanía reciba una rendición de cuentas completa sobre la demolición, incluyendo el informe técnico, el acto administrativo, los permisos, los costos y el plan de reposición o relocalización, con participación de la comunidad china.
La polémica generada por este hecho pone de manifiesto la importancia que tiene la presencia y el legado de la comunidad china en Panamá, y la necesidad de que las autoridades actúen con sensibilidad histórica, diálogo y respeto hacia los símbolos que representan la memoria colectiva del país.
