El Gobierno peruano aprobó el nuevo Reglamento de la Ley 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos. La norma, publicada el 24 de diciembre de 2025, introduce cambios en la gobernanza del sistema, el rol de las entidades públicas y la gestión de los contratos.
Uno de los ejes centrales del reglamento es la redefinición del rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuya intervención se concentra ahora en aspectos de hacienda y financieros, como la evaluación de la capacidad de financiamiento, las garantías y los compromisos firmes y contingentes.
Para Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, el nuevo marco introduce avances técnicos relevantes, pero no elimina los riesgos fiscales. "El reglamento fortalece la identificación temprana de compromisos fiscales y mejora la trazabilidad de los costos, pero eso no garantiza que se reduzca el riesgo de obligaciones no previstas", señaló.
Un segundo cambio clave es la centralización del ciclo de los proyectos de APP en ProInversión, que pasa a ejercer el rol de Entidad Pública Titular del Proyecto del Gobierno Nacional, desde la formulación hasta la ejecución contractual. Desde la perspectiva del sector privado, Tomás Reto, economista del Consejo Privado de la Competitividad, consideró que este rediseño aporta mayor previsibilidad.
Sin embargo, advirtió que el éxito del cambio dependerá de la implementación. "Es importante que esta transición sea gradual y que las decisiones sean transparentes, para reducir la discrecionalidad y los riesgos en esta nueva etapa", dijo.
El reglamento también introduce ajustes relevantes en el plano contractual, como la posibilidad de contar con Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO) y una mayor flexibilidad para optimizar los proyectos. No obstante, genera preocupación la regulación que establece que la interpretación de las cláusulas contractuales por parte de la entidad pública titular del proyecto sea vinculante.
Según los especialistas consultados, en conjunto, el nuevo reglamento de APP busca ordenar el sistema, reducir la fragmentación institucional y dar mayor previsibilidad a la inversión privada. Sin embargo, su impacto dependerá de cómo se gestione la transición, del rol efectivo del MEF como garante de la sostenibilidad fiscal y de que las nuevas reglas contractuales se apliquen con transparencia y consistencia.
