El Gobierno de Bolivia ha dado un giro significativo en su política económica con la promulgación del Decreto 5503, que marca el inicio de un nuevo modelo de país. Este modelo busca dejar atrás el "Estado tranca" que bloqueaba, distorsionaba y empobrecía a la población, y da paso a una economía que vuelve a poner a la gente en el centro de las decisiones.
El nuevo enfoque se basa en tres pilares fundamentales: estabilidad macroeconómica, protección social y reglas claras para producir e invertir. Esto representa un cambio radical respecto al pasado reciente, en el que Bolivia enfrentó una profunda crisis no solo económica, sino también moral e institucional.
Uno de los aspectos clave del decreto es el reconocimiento de que la estabilidad macroeconómica y la justicia social no son objetivos opuestos, sino complementarios. Para lograrlo, se implementarán medidas de estabilización financiera y monetaria, acompañadas de un "escudo social" que incluye el incremento de la Renta Dignidad, el fortalecimiento del Bono Juancito Pinto y la creación de transferencias extraordinarias focalizadas en los sectores más vulnerables.
Además, el nuevo modelo redefine la relación entre el Estado y la producción. Se abandona la lógica del "control asfixiante" y se apuesta por la "confianza regulada". Se eliminan autorizaciones innecesarias, se introduce el silencio administrativo positivo, se crean ventanillas únicas y se establecen plazos claros. El objetivo es que el Estado deje de ser un obstáculo y pase a ser un facilitador para la actividad productiva.
En el ámbito económico, el decreto sienta las bases de un "capitalismo para todos", basado en reglas claras, competencia, seguridad jurídica y previsibilidad. Se busca promover inversiones estratégicas, con contratos estables y mecanismos de resolución de controversias, para reinsertar a Bolivia en los circuitos internacionales de financiamiento y producción.
Otro aspecto clave es la recuperación de la racionalidad fiscal y energética. Se ordena el sistema de precios de los combustibles, se eliminan distorsiones que alimentaban el contrabando y se protege al consumidor durante un periodo de transición. Se reconoce que los subsidios mal diseñados no son política social, sino un drenaje regresivo de recursos públicos.
Finalmente, el decreto también envía una señal ética al permitir la regularización y repatriación de capitales, pero con exclusiones claras para delitos graves y con el objetivo explícito de fortalecer la liquidez, la inversión y las reservas.
En resumen, el nuevo modelo económico boliviano busca poner a la gente en el centro de las decisiones, recuperar la estabilidad macroeconómica, facilitar la actividad productiva y promover un capitalismo más justo y sostenible. Este cambio de rumbo se presenta como una responsabilidad histórica para sacar al país del precipicio hacia el que se venía encaminando.
