En un nuevo escándalo que sacude al sistema penitenciario argentino, la Justicia federal de Lomas de Zamora allanó las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida se enmarca en una causa por corrupción, provisión de alimentos en mal estado y presunta cartelización en la entrega de comida para los detenidos.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento fue ordenado por el juez Federico Villena, quien investiga posibles vínculos irregulares entre el SPF y empresas proveedoras. Las pesquisas revelaron que las firmas habrían entregado alimentos contaminados en el penal de Ezeiza y utilizado empresas pantalla para evadir sanciones previas.
El allanamiento estuvo marcado por un momento de tensión cuando Martínez intentó evitar el secuestro de su teléfono celular. Primero entregó un aparato viejo y en desuso, pero luego afirmó haber "extraviado" el dispositivo que utiliza a diario. Sin embargo, un informe técnico contradijo esa versión, ya que la última señal del celular impactó en una antena de Barracas apenas una hora antes del operativo. Para el juez, el funcionario pudo haber recibido una filtración previa y destruido el equipo para ocultar pruebas.
La causa se originó por denuncias de alimentos en mal estado en la cárcel de Ezeiza. Peritajes de la ANMAT detectaron Escherichia coli en niveles no aptos para el consumo humano, lo que derivó en la exclusión de la empresa Foodrush como proveedora. No obstante, la investigación reveló que la firma Bio Limp tomó el servicio con las mismas condiciones, utilizando los mismos camiones y empleados, y facturando sumas millonarias a la empresa sancionada. Para el juez, Bio Limp funcionaba como una empresa fachada.
Cabe destacar que Fernando Martínez asumió al frente del SPF en marzo de 2024, designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante su gestión, el organismo pasó del Ministerio de Justicia al de Seguridad. Otro dato que alertó a los investigadores es que Martínez se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique "Quique" Antequera, referente de La Salada que permanece prófugo.
Aunque la fiscal Cecilia Incardona pidió la nulidad del operativo, el juez Villena cuenta con el respaldo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien expresó su voluntad de colaborar para desarticular "mafias enquistadas desde hace años" en el sistema penitenciario.
Este nuevo escándalo pone en evidencia la profunda crisis que atraviesa el sistema carcelario argentino, marcado por denuncias recurrentes de corrupción, negligencia y violación de los derechos humanos de los detenidos. La investigación del juez Villena busca desentrañar una trama de complicidades y favoritismos que habrían beneficiado a empresas proveedoras de alimentos en detrimento de la calidad de vida y la salud de los presos.
