En una operación policial de alto riesgo, las autoridades de Santa Cruz, Bolivia, detuvieron a dos ciudadanos brasileños que formaban parte del Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. Los sujetos, identificados como Clever Suárez Aulis (39) y Luis Gustavo Sippes de Oliveira (39), fueron encontrados circulando en una camioneta con cuatro armas de guerra AK-47, revólveres y municiones.
Según la investigación, los brasileños ingresaron de manera ilegal a Bolivia y mantenían una doble identidad. Ambos cuentan con órdenes de prisión vigentes en Brasil por delitos graves como financiamiento e integración a una organización criminal, en el caso de Clever Suárez, y narcotráfico, en el de Luis Gustavo.
Tras ser detenidos durante un patrullaje de rutina, las autoridades bolivianas determinaron que, debido a la extrema peligrosidad de los sujetos, lo más acertado era proceder a su expulsión inmediata a Brasil, donde serán encarcelados en cumplimiento de las órdenes judiciales en su contra.
El comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Jhenky David Gómez Córdova, confirmó que la entrega formal de los brasileños a la Policía Federal de Brasil se llevó a cabo el 25 de diciembre, en el municipio de Puerto Quijarro, en estricto cumplimiento de los protocolos de cooperación internacional.
El análisis de los servicios de inteligencia reveló que las armas AK-47 portadas por los miembros del PCC son de extrema peligrosidad, ya que estaban cargadas y con dos cargadores adicionales cada una. Según un jefe policial, si los sujetos hubieran sido alertados de la presencia de la patrulla, podrían haber reaccionado de manera violenta, poniendo en riesgo la vida de los agentes.
Durante la intervención, se observó que otros vehículos parecían estar escoltando a los brasileños, lo que se interpretó como un intento de rescate por parte de la organización criminal. Sin embargo, lograron escapar con rumbo desconocido.
La captura de los peligrosos miembros del PCC fue de conocimiento de la Fiscalía, y la defensa de los extranjeros argumentó que debían ser procesados en Bolivia por la portación ilícita de armas de fuego. No obstante, las autoridades consideraron que la expulsión era la medida más acertada, dada la violencia asociada a este grupo criminal.
Este operativo policial de alto impacto refleja la determinación de las autoridades bolivianas por combatir la presencia de organizaciones criminales transnacionales en su territorio y mantener la seguridad de la población.
