La comunidad árabe-israelí vive un momento de profunda crisis de seguridad, con un alarmante aumento de la violencia y los asesinatos. Según los datos recogidos, el año 2023 se ha convertido en el más sangriento para esta minoría, con 244 homicidios registrados hasta la fecha, superando el récord del año pasado.
La última víctima mortal ocurrió ayer, cuando un hombre identificado como Ali Raed fue baleado frente a su hija de ocho años en la localidad de Qalansawe, en el centro del país. "Las cifras de Levy son completamente falsas, este es el año más sangriento para nuestra comunidad", respondió Khaled, hermano de la víctima.
Los líderes comunitarios culpan a la policía por ignorar y hasta tolerar a poderosas organizaciones criminales que aterrorizan a los barrios árabes. "Queremos que la policía enfrente a la delincuencia porque hemos perdido la seguridad, mientras las armas se convirtieron en una amenaza para nuestras familias y hogares", subrayó uno de ellos.
El alcalde de Lod, Yair Revivo, atacó duramente al Gobierno por la falta de acciones claras para combatir la violencia y a las bandas criminales que azotan a la minoría árabe-israelí, que representa poco más del 21% de la población total. "En lugar de transferirlos, lo cual es un gran dolor de cabeza, les permitimos que se maten entre ellos", expresó de forma irónica.
Los descendientes de los palestinos que no fueron expulsados de sus tierras tras la creación del Estado judío, en 1948, denuncian desde entonces que son tratados como ciudadanos de segunda. Una encuesta realizada en marzo de 2022 reveló que el 94% de los árabes que viven en Israel sufrieron en alguna ocasión el racismo y la discriminación de la mayoría judía.
La violencia descontrolada y la falta de seguridad en las comunidades árabes-israelíes han generado un clima de profunda preocupación y exigencia de soluciones urgentes por parte de las autoridades. Expertos y líderes comunitarios coinciden en que se requiere un abordaje integral que combine medidas de seguridad, programas sociales y un mayor compromiso del Gobierno para garantizar la igualdad y la protección de esta minoría.
