La comunidad de San Francisco Angulo, en el departamento de San Vicente, El Salvador, se mantiene en resistencia ante el intento de imposición de un relleno sanitario que, según denuncian sus habitantes y organizaciones sociales, amenaza con destruir ecosistemas, contaminar fuentes de agua y profundizar un patrón histórico de despojo y violencia contra las comunidades rurales.
La madrugada del 23 de diciembre, maquinaria pesada ingresó al territorio comunitario sin consulta previa ni información pública, generando alarma entre la población. Ante esta situación, hombres, mujeres, niñas y niños se organizaron de inmediato y permanecieron durante toda la noche defendiendo su territorio de forma pacífica, impidiendo el avance de los trabajos.
Tras horas de tensión, la mañana del 24 de diciembre se acordó realizar una reunión de diálogo entre la comunidad y representantes de la empresa responsable del proyecto. Sin embargo, el encuentro previsto para el viernes 26 de diciembre no se llevó a cabo, ya que los personeros de la empresa se retiraron antes del inicio de la reunión, lo que fue interpretado como una falta de voluntad para dialogar y un nuevo acto de irrespeto hacia la población afectada.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya, respaldaron la resistencia comunitaria y reconocieron la valentía de la población al defender su derecho a la vida, al agua y al territorio. El colectivo advirtió que el proyecto implicaría la destrucción de bosques, la contaminación de ríos, manantiales y tierras fértiles, además de la exposición de la comunidad a desechos tóxicos y gases nocivos para la salud.
La denuncia adquiere una dimensión histórica profunda, ya que San Francisco Angulo fue escenario de graves masacres durante el conflicto armado salvadoreño, donde cientos de personas fueron asesinadas y cuyos crímenes continúan en la impunidad. Para la comunidad, la presencia de maquinaria, fuerzas de seguridad y amenazas de captura reabre heridas del pasado y genera un clima de miedo, angustia y estrés colectivo.
Las organizaciones también condenaron la ausencia de instituciones estatales como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Fiscalía General de la República, señalando que ambas tienen la obligación constitucional de prevenir daños ambientales y proteger los derechos humanos de la población. Asimismo, denunciaron la instrumentalización de entidades gubernamentales para intimidar la protesta social, particularmente contra las mujeres que han participado junto a sus hijos.
Especial preocupación generaron las visitas de funcionarios de la Comisión Nacional de la Primera Infancia (CONAPINA) a hogares de madres manifestantes, que fueron percibidas como un mecanismo de presión y amedrentamiento, en lugar de evaluar el impacto psicológico y emocional que la introducción de la maquinaria está generando en niñas y niños.
Pese a la tensión, la comunidad reconoció la actuación de algunos agentes de la Policía Nacional Civil que, en apego a su mandato constitucional, contribuyeron a evitar hechos de violencia y facilitaron el intento de establecer un espacio de diálogo.
Finalmente, la comunidad de San Francisco Angulo exigió el retiro inmediato de la maquinaria y demandó un pronunciamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre las violaciones cometidas y las responsabilidades estatales por acción u omisión. También hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional para acompañar la defensa de la vida, el territorio y las futuras generaciones frente a lo que califican como un "proyecto de muerte".
