En una investigación de alto impacto, las autoridades judiciales descubrieron una caja de seguridad que contenía millones de dólares, pesos y euros, así como lingotes de oro y joyas, pertenecientes a una organización criminal dedicada al funcionamiento de casinos online ilegales.
La caja de seguridad, alquilada por Marta del Valle Santucho, una prófuga de la justicia, estaba siendo utilizada por Roberto Zuco, el presunto cerebro detrás de esta red de apuestas online al margen de la ley. Tras un allanamiento ordenado por el juez federal Jorge Rodríguez, las fuerzas de seguridad lograron incautar 2.511.953 dólares, 10.236.000 pesos, 5.855 euros, un lingote de oro de 50 gramos y valiosas joyas.
La investigación, liderada por el fiscal federal Santiago Marquevich, reveló que la organización criminal había montado una plataforma clandestina de juegos de azar accesible por internet, que funcionaba fuera de toda regulación estatal y sin control tributario. Los fondos obtenidos a través de las apuestas ilegales eran captados mediante depósitos y transferencias a cuentas virtuales.
Además del dinero y los bienes incautados en la caja de seguridad, las fuerzas de seguridad también encontraron otras seis cajas vinculadas a los sospechosos, lo que demuestra la magnitud de las operaciones de esta banda delictiva.
La causa había comenzado en mayo de 2023 a partir de la información proporcionada por un informante, quien denunció la existencia de esta red estructurada que operaba bajo el nombre comercial "Celuapuestas". Durante los allanamientos realizados en tres countries de Canning, la Gendarmería Nacional también había secuestrado 60 vehículos, $120.000.000 y US$20.000.
El juez Rodríguez, en su resolución, resaltó que este caso es "emblemático de criminalidad económica organizada" y que evidencia cómo la tecnología, el efectivo no bancarizado y el uso de testaferros pueden ser combinados para ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de las apuestas ilegales.
La investigación cuenta con la participación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) del Ministerio Público Fiscal, lo que refleja la complejidad y la relevancia de este caso de corrupción y crimen organizado.
