La ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) en Guatemala no supera el 84% al cierre de 2025, siendo el programa de Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible el más afectado, con solo un 23.64% de ejecución.
El presupuesto asignado a este programa era de Q38.3 millones, pero le fueron recortados Q18.2 millones, quedando en Q20 millones. Esto pone en riesgo el apoyo a productores y agricultores para la incorporación, rehabilitación y mantenimiento de sistemas de riego y miniriego, herramientas clave para hacer frente a los efectos del cambio climático.
Según el director del Instituto de Cambio Climático (ICC), Alex Guerra, el sector agrícola es uno de los más importantes para la economía guatemalteca, pues cerca del 40% de la población económicamente activa se dedica a esta actividad. Sin embargo, la agricultura es "altamente sensible" a las variaciones climáticas, especialmente durante períodos de sequía, ya que la mayoría de los agricultores dependen de la lluvia para producir.
El cambio climático ha alterado los patrones de precipitación en el país, provocando que la época seca se prolongue, afectando severamente las siembras. Guerra señala que Guatemala tiene un rezago importante en el almacenamiento de agua, y que una ley de aguas permitiría impulsar un plan hidrológico nacional que defina las necesidades y las mejores modalidades de almacenamiento.
Actualmente, se estima que solo el 1% o 1.5% del agua del país es almacenada, lo que deja a los agricultores y productores en una situación de alta vulnerabilidad. La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) advierte que los recortes presupuestarios del Maga a programas clave para la producción de alimentos limitan la actividad agropecuaria y perjudican a las familias en inseguridad alimentaria.
Según el análisis de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (CIF), 2.7 millones de guatemaltecos enfrentan dificultades para llevar un plato de comida a la mesa, una situación que se mantendrá hasta febrero de 2026 y que podría empeorar en marzo, cuando se estima que el número aumente a 2.8 millones.
Estos recortes presupuestarios y la baja ejecución de fondos destinados a fortalecer la administración del agua y la producción agrícola ponen en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias guatemaltecas, en un contexto de cambio climático que ya está afectando severamente al sector.
