El Gobierno peruano promulgó una nueva ley que extiende el plazo del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.
La Ley N 32537 modifica el Decreto Legislativo 1293 con el objetivo de brindar más tiempo a los mineros informales para que puedan regularizar su situación y operar de manera legal. Durante este periodo de prórroga, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) deberá implementar acciones para simplificar los procedimientos y reforzar la supervisión ambiental y social, con el fin de garantizar una transición ordenada hacia el nuevo marco legal.
Uno de los aspectos clave de la nueva norma es la ejecución de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, el cual será coordinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Minem y el Ingemmet. Este empadronamiento deberá iniciarse en un plazo máximo de seis meses y concluir en un periodo no mayor de doce meses.
La extensión del plazo para la formalización responde a la necesidad de brindar más tiempo a los pequeños mineros y mineros artesanales, quienes han enfrentado diversos desafíos para cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Muchos de ellos operan en zonas remotas y carecen de los recursos necesarios para acceder a los trámites y permisos requeridos.
"Esta prórroga es fundamental para que los mineros informales puedan regularizar su situación y evitar sanciones. Además, permitirá al Gobierno contar con información actualizada sobre la situación de este sector, lo cual es clave para diseñar políticas públicas más efectivas", explicó el viceministro de Minas, Juan Carlos Gamarra.
Cabe destacar que la formalización de la pequeña minería y minería artesanal es una prioridad para el Gobierno, ya que este segmento representa una importante fuente de ingresos y empleo para miles de familias en todo el país. Sin embargo, la informalidad y la falta de acceso a recursos han dificultado el proceso de regularización.
Con esta nueva ley, el Ejecutivo busca brindar un marco más flexible y simplificado para que los mineros puedan cumplir con los requisitos legales y ambientales, al tiempo que se fortalece la supervisión y el control de estas actividades. El objetivo final es lograr una transición ordenada hacia un sector minero más sostenible y responsable.
