Los ex empleados de la empresa privada BI Incorporated, que monitorea a inmigrantes en nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, presentaron declaraciones juradas en las que denuncian un ambiente laboral tóxico y acusaciones de acoso sexual por parte de un miembro del personal.
Las acusaciones se suman a un creciente número de quejas sobre las condiciones y la mala conducta en los centros de detención de inmigrantes en todo el país, donde actualmente se encuentran detenidas más de 65.000 personas, la cifra más alta en la historia de Estados Unidos.
Sandy Nogales, quien trabajó durante ocho años en BI Incorporated y supervisó la oficina de Sacramento, afirmó que algunos especialistas en casos llegaron a considerarse superiores a los inmigrantes que debían supervisar. Señaló a un miembro del personal, Luis Ruiz, describiéndolo como alguien que explotaba precisamente a las personas a las que debía ayudar.
Por su parte, Jorge Zinzun aseguró que fue despedido en diciembre de 2023 en represalia por denunciar la conducta hostil de Ruiz a la gerencia. Comentó que, desde una oficina vecina, podía escuchar a Ruiz gritar e insultar en forma reiterada a personas indocumentadas.
Los dos ex empleados se presentaron tras leer sobre una demanda presentada en octubre por una mujer indocumentada de 52 años que alega que Ruiz la acosó sexualmente durante 18 meses. Según la demanda, Ruiz le envió fotografías y videos explícitos e hizo insinuaciones no deseadas durante sus reuniones obligatorias en las instalaciones del ICE de Sacramento.
El caso de Sacramento refleja un patrón más amplio de denuncias de abuso en las instalaciones del ICE en todo el país. Organizaciones de derechos humanos han revelado casos similares en algunos de los centros de inmigración más grandes, como Fort Bliss en Texas y el Centro de Detención de la Ciudad de California.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha instado a las autoridades a cerrar el centro de Fort Bliss y detener la rápida expansión de la detención migratoria, argumentando que la supervisión de estas instalaciones se vio debilitada después de que la administración Trump recortara los fondos a las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional responsables de la vigilancia de los derechos civiles.
