El sistema judicial ecuatoriano enfrenta una grave crisis de corrupción y falta de independencia, según un reciente informe. Existen jueces que, a pesar de tener elementos suficientes para ordenar la prisión preventiva de criminales aprehendidos en flagrancia, optan por otorgarles medidas sustitutivas, dejándolos en libertad.
Este problema se agrava por la existencia de "profesionales" del derecho que utilizan artimañas legales para dilatar los procesos judiciales. Presentan certificados médicos dudosos y consiguen diferir las audiencias, obstruyendo el desarrollo de las causas. El Consejo de la Judicatura, lejos de sancionar estas prácticas, parece ser cómplice al no tomar medidas efectivas.
Un caso emblemático es el de Carlos Serrano Lucero, un joven abogado que se preparó para ganar un concurso y ser juez anticorrupción en 2022. Serrano demostró probidad y decencia en el ejercicio de su cargo, pero en los últimos meses sufrió presiones de actores del crimen organizado que utilizaron al poder administrativo del Consejo de la Judicatura para pedirle que "ponga atención" a quienes ejercían la defensa del caso Euro 2024, un proceso penal por lavado de activos relacionado con el tráfico de drogas. Ante las amenazas, Serrano renunció y salió del país.
Otro ejemplo es el caso "Triple A", en el cual están involucrados personajes como Aquiles Álvarez. Cuando se citó a 16 personas naturales y 6 jurídicas para la audiencia, los abogados defensores Navarrete y Mayorga presentaron certificados médicos dudosos, logrando diferir el proceso hasta el 31 de enero de 2026. Esto demuestra cómo se utilizan artimañas legales para obstruir el avance de los juicios.
La Asamblea Nacional ha pedido la comparecencia de Mario Godoy, el presidente del Consejo de la Judicatura, para que explique su presunta complicidad en estos casos. Según el informe, el control administrativo de la justicia se ha convertido en una "fuente inagotable de miseria" y un espacio donde "duermen las controversias de los carentes de poder político o palancas de alto nivel".
La situación es alarmante y pone en evidencia la grave crisis de corrupción y falta de independencia que aqueja al sistema judicial ecuatoriano. Urgen reformas profundas para garantizar la imparcialidad de los jueces, sancionar las malas prácticas y restablecer la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
