El sistema judicial del Estado es el más sensible y frágil. Garantiza el cumplimiento de la Constitución y la ley, la defensa de la verdad y la tutela de la justicia. Sin embargo, parece que hay un grave problema en el Poder Judicial que no puede ser ignorado con narrativas minimalistas o soluciones a corto plazo.
Según la información recabada, hay indicios de que funcionarios públicos habrían intentado interferir en las decisiones de jueces, lo cual podría configurar delitos graves como obstrucción a la justicia, con penas de hasta siete años de privación de libertad. Esto es sumamente preocupante, ya que pone en riesgo la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, pilares fundamentales de un Estado de Derecho.
La Constitución y el Código Judicial establecen que la intromisión en las funciones de los jueces que viole la independencia judicial interna es causal de responsabilidad política. Por lo tanto, es imperativo que se inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.
Es crucial que los operadores del sistema judicial se mantengan distanciados de todo poder, partido político o gobierno, tal como lo establece la teoría del Derecho Constitucional. Cualquier intento de interferencia en las decisiones judiciales es inaceptable y debe ser sancionado con todo el rigor de la ley.
Las autoridades competentes deben actuar con la mayor celeridad y transparencia para restablecer la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. No se puede dar cabida a la "verg enza" que debería sentir cualquier funcionario público que entienda su rol histórico como servidor y garante de la fe pública.
Es momento de ser serios y rigurosos en la investigación de estos hechos, sin dejar que intereses particulares o presiones políticas interfieran en el proceso. La independencia y la integridad del sistema judicial son fundamentales para el Estado de Derecho y deben ser protegidas a toda costa.
