El gobierno federal ha decidido mantener en secreto por los próximos cinco años todos los detalles relacionados con el operativo y la contratación de las vallas metálicas que protegieron Palacio Nacional durante la marcha de integrantes de la Generación Z el pasado 15 de noviembre.
En respuesta a una solicitud de información, el Comité de Transparencia de Presidencia de la República argumentó que no puede dar a conocer ningún detalle del contrato, ya que esto "compromete la seguridad nacional, la paz social" y podría facilitar un eventual "atentado en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum o su familia".
La marcha del 15 de noviembre se caracterizó por diversos hechos delictivos, como saqueos, destrucción de mobiliario público y privado, además de 120 personas lesionadas y más de 20 detenidas. Ante estos incidentes, el gobierno de la Ciudad de México manifestó su rechazo y señaló que algunas personas lograron derribar las vallas metálicas de casi tres metros de altura.
Sin embargo, el Comité de Transparencia argumenta que revelar las características del servicio contratado para las vallas podría "potenciar" una amenaza o atentado que ponga en riesgo la vida de la presidenta, su familia y quienes la acompañen. Por ello, han confirmado la clasificación de esta información como reservada por un período de cinco años, es decir, hasta 2030.
Según la dependencia federal, dar a conocer detalles como el monto económico pagado, el nombre de la empresa contratada o el contrato firmado, "pondría en vulnerabilidad a la Titular del Ejecutivo federal, su entorno y al Estado mexicano".
Los argumentos del gobierno federal para mantener en secreto estos detalles han generado cuestionamientos sobre la transparencia y el acceso a la información pública en torno a las medidas de seguridad implementadas durante manifestaciones de alto perfil.
